Convenio regulador en España: qué es, qué debe incluir y cómo redactarlo

Qué es un convenio regulador y para qué sirve

El convenio regulador es el acuerdo que deja por escrito cómo se organiza la vida después de una separación o un divorcio en España: hijos, vivienda, pensiones y, si procede, reparto de bienes. En un procedimiento de mutuo acuerdo, el Código Civil exige que ese pacto recoja las medidas definitivas y, para que sea eficaz de verdad, que lo apruebe el juez o el notario cuando la ley lo permite.

No es un simple papel privado. Sirve para evitar discusiones sobre quién recoge a los menores en el colegio, quién paga la hipoteca de la casa en España o cómo se actualiza la pensión cada año. Si el convenio está aprobado, se puede exigir su cumplimiento; si queda en un acuerdo privado sin homologar, su fuerza es mucho menor. Además, el juez puede introducir cambios si detecta que alguna cláusula perjudica a los hijos o resulta gravemente dañosa para uno de los cónyuges.

Sin aprobación judicial o notarial, el convenio ordena; con aprobación, obliga.

Cuándo necesitas uno en una separación o divorcio en España

• En divorcio o separación de mutuo acuerdo tramitados ante el juzgado, el convenio regulador es la pieza central del procedimiento y va junto con la demanda conjunta.
• Si hay hijos menores no emancipados, o hijos con medidas de apoyo que dependan de sus progenitores, el acuerdo pasa por control judicial y por el interés superior del menor, que protege la Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor.
• Cuando no hay hijos menores ni dependientes, la ruptura puede formalizarse en notaría si ambos cónyuges comparecen con abogado y cumplen lo previsto en el artículo 82 del Código Civil y en el artículo 54 de la Ley del Notariado.
• En una separación o divorcio contencioso, no hay convenio pactado: decide el juez y dicta unas medidas definitivas para España.
• Si no hubo matrimonio, el equivalente práctico suele usarse en procedimientos de medidas paternofiliales ante el juzgado, con un contenido muy parecido cuando hay hijos comunes.
• Si el acuerdo no se pone por escrito con suficiente detalle, luego aparecen los problemas: horarios ambiguos, gastos discutibles y conflictos por la vivienda o las vacaciones.

Qué cláusulas debe recoger sí o sí

El artículo 90 del Código Civil fija el esqueleto del convenio. Conviene pensar en él como un documento muy concreto: no basta con decir que habrá buena relación o que todo se hará de común acuerdo; hay que bajar a números, fechas y reglas claras.

Medidas personales sobre los hijos

• La patria potestad no desaparece por divorciarse: lo normal es que siga siendo compartida y que las decisiones importantes —colegio, tratamientos médicos, cambio de domicilio— se tomen entre ambos progenitores.
• La guarda y custodia puede ser exclusiva o compartida. Si es compartida, el convenio debe decir por semanas, quincenas o el sistema que uséis, no una fórmula vaga.
• El régimen de visitas y estancias tiene que poner horarios de recogida y entrega, vacaciones de Navidad, Semana Santa y verano, y qué pasa con puentes o días especiales.
• También conviene fijar cómo os comunicaréis con los menores: llamadas, videollamadas, WhatsApp o correo, sin invadir la vida cotidiana del otro progenitor.
• Si queréis incluir a los abuelos en momentos concretos, dejadlo claro; así evitáis interpretaciones discutibles y discusiones de familia innecesarias.

Vivienda familiar y uso del domicilio

• El convenio debe decir quién se queda en la vivienda familiar y durante cuánto tiempo, sobre todo si hay hijos menores viviendo allí.
• También debe aclarar si el uso del domicilio implica asumir la hipoteca, el alquiler o solo los gastos ordinarios de casa.
• La titularidad no cambia por el mero hecho de que uno use la vivienda: seguir siendo copropietarios y seguir debiendo el préstamo son cosas distintas.
• Si la vivienda es de alquiler, conviene dejar constancia de quién continúa como ocupante y avisar al arrendador para evitar problemas prácticos con la renta o los recibos.

Medidas económicas

Antes de firmar, conviene separar bien tres ideas: lo que se paga por los hijos, lo que compensa el desequilibrio entre cónyuges y lo que se reparte por la liquidación del patrimonio común.

Pensión de alimentos

La pensión de alimentos debe fijar una cantidad concreta, normalmente mensual, y una fecha de pago. No vale dejarla en un «lo que podamos» ni en un «según la situación». El importe tiene que responder a las necesidades reales de los menores y a la capacidad económica de los progenitores, como prevé el artículo 93 y el régimen de alimentos de los artículos 142 y siguientes del Código Civil.

También es clave distinguir entre gastos ordinarios y extraordinarios. Los ordinarios se cubren con la pensión mensual: comida, material escolar habitual, ropa o transporte corriente. Los extraordinarios —por ejemplo, una ortodoncia, una excursión excepcional o una reparación médica no prevista— deben regularse aparte, normalmente con reparto porcentual y con un sistema claro de autorización previa o comunicación.

La actualización anual debe quedar escrita. Lo más habitual en España es usar una fórmula objetiva, para no discutir cada enero. Si no lo fijáis bien, cada subida se convierte en un problema nuevo.

Pensión compensatoria

La pensión compensatoria no es automática ni se concede por haber estado casados. Solo procede cuando la ruptura produce un desequilibrio económico en uno de los cónyuges respecto del otro y ese desequilibrio implica un empeoramiento claro en relación con la situación de matrimonio, según el artículo 97 del Código Civil.

Puede fijarse como renta periódica o como pago único. También puede durar un tiempo concreto o mantenerse indefinidamente si el caso lo justifica. Lo normal es que el convenio explique por qué procede, de qué importe hablamos y cuándo puede revisarse. Y ojo con la extinción: puede cesar por nuevo matrimonio, por convivencia marital con otra persona o por el cambio sustancial de las circunstancias que la justificaban, conforme a los artículos 100 y 101 CC.

Liquidación del régimen económico matrimonial

Aquí se reparte lo que sea común: dinero en cuentas, vehículos, participaciones, vivienda ganancial, deudas compartidas y demás bienes del matrimonio. En gananciales, el convenio puede dejar cerrado el reparto o limitarse a decir que la liquidación se hará más adelante, con inventario y valoración separados.

A veces conviene dejarlo pendiente. Si hay una hipoteca complicada, un negocio familiar, un inmueble en venta o discusiones sobre el valor real de los bienes, forzar una liquidación rápida puede bloquear todo el divorcio. En esos casos es mejor aprobar primero las medidas personales y económicas básicas y cerrar el patrimonio después, con calma y números.

Ejemplo orientativo de convenio regulador con cifras

Ana y Luis viven en Sevilla y se divorcian tras 11 años de matrimonio. Tienen dos hijos de 6 y 9 años. Él gana 2.400 €/mes netos y ella 1.450 €/mes netos.

El convenio podría quedar así:

• Custodia compartida por semanas alternas, con entregas los domingos a las 20:00.
• Vacaciones de verano repartidas por quincenas; Navidad y Semana Santa, al 50 %.
• Pensión de alimentos de 300 €/mes por cada hijo a cargo de Luis, con ingreso antes del día 5 de cada mes.
• Gastos extraordinarios al 50 % previa comunicación por escrito.
• Uso de la vivienda familiar para Ana y los menores hasta que el hijo menor cumpla 18 años o ambos acuerden vender la casa.
• Hipoteca de 680 €/mes al 50 % hasta la liquidación de gananciales.
• Revisión anual de la pensión cada 1 de enero, según la fórmula que pacten.

Ese nivel de detalle evita discusiones absurdas. Si una cláusula se puede interpretar de dos formas, acabará dando problemas.

Cómo redactarlo paso a paso sin dejar cabos sueltos

1. Reúne la documentación básica: DNI, certificado literal de matrimonio, certificados de nacimiento de los hijos, empadronamiento y, si hay bienes o deudas, escritura de vivienda, préstamo, contrato de alquiler, nóminas y extractos.
2. Define primero las medidas que afectan a los menores: custodia, vacaciones, colegio, decisiones médicas y gastos extraordinarios.
3. Pasa después a vivienda y dinero: uso del domicilio, hipoteca, alquiler, pensiones y actualización anual.
4. Si el divorcio es de mutuo acuerdo en el juzgado, prepara la demanda y el convenio conforme al artículo 777 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
5. Revisa que no haya cláusulas ambiguas, imposibles o contrarias al interés del menor; una frase mal cerrada vale más problemas que una página entera.
6. Firma solo cuando todo esté claro y guardad copias idénticas para ambos; después, presentadlo en el órgano que corresponda.

Dónde se presenta y cómo se aprueba en España

Para decidir la vía, manda una idea simple: si hay hijos menores o dependientes, el control es judicial; si no los hay y hay mutuo acuerdo, puede ir a notaría conforme al artículo 82 del Código Civil y al artículo 54 de la Ley del Notariado.

En la práctica, el juzgado controla el fondo y la notaría controla los requisitos formales y la voluntad de los cónyuges. En ambos casos, el convenio debe quedar incorporado a una resolución o escritura válida para que produzca efectos plenos en España.

Qué pasa si no se cumple o cambian las circunstancias

Si una de las partes incumple el convenio, la otra puede pedir su ejecución ante el juzgado que lo aprobó. En materia de familia, la vía de apremio permite reclamar impagos, embargar nóminas o cuentas y exigir las cantidades vencidas. No hace falta volver a discutir todo el divorcio: se ejecuta lo ya pactado y aprobado.

Cuando cambian de forma relevante las circunstancias —por ejemplo, pérdida de empleo, subida o bajada fuerte de ingresos, cambio de ciudad, nuevas necesidades de los hijos o alteración real del régimen de custodia— no se modifica por teléfono ni por WhatsApp. Hay que pedir una modificación judicial de medidas o, si hay acuerdo, firmar un nuevo convenio y volver a someterlo a aprobación. El artículo 90.3 y el artículo 91 del Código Civil exigen que el cambio sea serio, estable y justificado, no una incomodidad pasajera.

En resumen: un convenio regulador bien hecho no evita todos los conflictos, pero sí deja una base sólida para que, si algo se tuerce, España tenga una respuesta jurídica clara y rápida.