Convenio regulador sin estar casados en España: qué es, cómo hacerlo y cuándo sirve

Qué es exactamente el convenio regulador sin estar casados

Cuando una pareja no casada se rompe en España y tiene hijos en común, el acuerdo que ordena la situación de esos menores sí tiene sentido y suele ser necesario. No es un convenio matrimonial propiamente dicho, sino un pacto de medidas paternofiliales que el juez revisa antes de darle validez.

Su función es muy concreta: fijar quién se ocupa del día a día de los hijos, cómo se reparten las estancias, quién usa la vivienda familiar y cuánto aporta cada progenitor a su manutención. La base jurídica está en los arts. 154, 156, 90.2, 91, 92, 93, 94, 96, 97 y 103 del Código Civil, que son los que el juzgado toma como referencia para proteger el interés de los menores aunque no exista matrimonio.

En la práctica, este acuerdo evita que cada decisión importante —colegio, médicos, vacaciones, cambios de domicilio— quede al albur del conflicto. Por eso, en España se presenta al Juzgado de Primera Instancia o de Familia competente, normalmente el del lugar donde residen los hijos.

Si hay hijos menores en común, el convenio no es un papel de reparto entre adultos: es la forma de dejar por escrito medidas estables para ellos y someterlas al control del juez.

Cuándo hace falta de verdad y cuándo no

• Sí hace falta cuando hay hijos menores de edad en común, aunque la pareja nunca haya pasado por el Registro Civil como matrimonio. Ahí el juzgado debe revisar las medidas para que no perjudiquen a los menores.
• También conviene si hay hijos mayores de edad que siguen dependiendo económicamente, porque pueden quedar fijadas medidas de alimentos hasta que alcancen independencia económica.
• No hace falta si no hay hijos en común. Aunque existan una vivienda comprada entre ambos, cuentas compartidas o muebles a medias, eso no exige un convenio regulador; exige un acuerdo patrimonial aparte.
• Tampoco sustituye a la liquidación de bienes de una pareja casada, porque aquí no hay sociedad de gananciales que repartir.
• Puede ser útil aunque haya buena relación entre los progenitores: firmarlo y homologarlo evita discusiones futuras sobre visitas, gastos escolares o cambios de custodia.
• No lo arregla todo si lo único que hay es una separación de pareja sin hijos. En ese caso, lo que toca es ordenar bienes, deudas y titularidades, no medidas paternofiliales.

Qué medidas debe recoger para proteger a los hijos

La clave no es llenar páginas, sino dejar claras las reglas que más conflicto generan en España: tiempos, dinero, vivienda y toma de decisiones. Si el texto es impreciso, el problema vuelve al primer cambio de turno, al primer colegio o a la primera factura médica.

Patria potestad, guarda y régimen de visitas

La patria potestad es la capacidad de decidir sobre las cuestiones serias de los hijos: escolarización, tratamientos médicos, permisos de viaje o cambios de residencia relevantes. La guarda y custodia, en cambio, responde a con quién viven y quién organiza su día a día.

Esa diferencia importa mucho, porque puede haber custodia compartida y, aun así, la patria potestad seguir siendo conjunta. O puede haber custodia monoparental y, aun así, seguir exigiéndose que ambos progenitores consulten decisiones de calado.

El régimen de visitas sirve para que el progenitor que no convive habitualmente con los menores mantenga una relación estable con ellos. En España suele concretarse con fines de semana alternos, una tarde entre semana, reparto de vacaciones y comunicaciones telefónicas o por videollamada. En custodia compartida, la alternancia puede ser semanal, quincenal o por días alternos si los niños son muy pequeños, pero siempre manda la edad de los hijos y la realidad familiar.

Vivienda familiar y pensión de alimentos

La vivienda familiar no se atribuye porque uno sea propietario y otro no, sino pensando primero en los hijos y en su estabilidad. Si hay menores, el uso de la casa suele quedar ligado a su interés, aunque luego el inmueble sea de uno solo, de ambos al 50 % o de un tercero.

La pensión de alimentos cubre mucho más que la comida: incluye ropa, educación, transporte, farmacia y gastos ordinarios de la vida diaria. Por eso el convenio debe fijar una cantidad realista, cuándo se paga y cómo se actualiza. Si los ingresos cambian, ese importe también puede revisarse.

Conviene dejar por escrito quién paga el colegio, las actividades extraescolares, el comedor o la ortodoncia. Cuanto más claro quede el reparto, menos discusión hay después. Y ojo: que uno use la vivienda no significa que gane la propiedad; son planos distintos.

Cómo se formaliza y se aprueba en el juzgado

El recorrido correcto se apoya en los arts. 748.4 y 770 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que encauzan los procedimientos sobre medidas relativas a hijos menores y su aprobación judicial. En España, sin homologación judicial no hay seguridad suficiente cuando hay menores implicados.

1. Redactar el acuerdo con las medidas sobre custodia, visitas, vivienda y alimentos. Puede hacerlo un abogado en Madrid, Sevilla, Valencia o cualquier otra provincia, pero lo importante es que sea claro y viable.
2. Presentarlo en el Juzgado de Primera Instancia o de Familia competente, normalmente el del domicilio de los menores. Si el escrito entra en un órgano incorrecto, el procedimiento se retrasa.
3. Dar traslado al Ministerio Fiscal, que interviene porque hay menores de edad afectados. Su papel es revisar que el pacto no perjudique a los hijos.
4. Ratificar el acuerdo ante el juez. Los progenitores deben confirmar que lo firmaron libremente y que mantienen su voluntad.
5. Esperar la aprobación judicial. Si el juez ve que las medidas protegen a los menores, dicta resolución aprobándolas. Si detecta perjuicio, puede pedir cambios o rechazar alguna cláusula.

Ratificación judicial y Ministerio Fiscal

1. El juzgado recibe la solicitud y comprueba que el asunto se refiere a menores en España y que el órgano es competente.
2. El Letrado de la Administración de Justicia impulsa el trámite y remite el asunto al Ministerio Fiscal para que informe.
3. Los progenitores comparecen para la ratificación personal del acuerdo; no basta con una firma fría en un documento privado.
4. El fiscal valora si las medidas protegen a los hijos y, si ve problemas, lo pone de manifiesto.
5. El juez aprueba el pacto si no hay lesión para los menores; si la hay, no lo homologa o exige correcciones.

Qué hacer si no hay acuerdo entre los progenitores

Imagina que Laura y Sergio viven en Sevilla, no están casados y tienen dos hijos de 5 y 8 años. Ella gana 1.600 euros netos al mes; él, 1.950. Laura propone custodia compartida semanal y una pensión de 250 euros por hijo para cubrir comedor, ropa y extraescolares. Sergio no firma porque quiere custodia monoparental y pagar solo 150 euros por hijo.

En ese caso, Laura puede presentar una demanda de medidas paternofiliales ante el Juzgado de Primera Instancia o de Familia de Sevilla. Si el conflicto es urgente, puede pedir medidas provisionales para que haya un régimen de visitas y una pensión mientras el juzgado resuelve.

El juez no se queda en quién cede más, sino en qué solución protege mejor a los menores: horarios de trabajo, cercanía de domicilios, colegio, edad de los niños, vínculo previo con cada progenitor y capacidad económica real. Si no hay firma, no hay atajo: hay proceso judicial.

Cuánto dura, cómo se cambia y qué queda fuera

• Las medidas suelen durar hasta que los hijos alcanzan la mayoría de edad, salvo que el propio convenio o la sentencia prevean otra cosa.
• La parte económica puede prolongarse más allá de los 18 años si los hijos siguen sin independencia económica en España.
• Puede revisarse si cambia de forma relevante la situación de los progenitores o las necesidades de los hijos.
• Se puede modificar por nuevo acuerdo homologado por el juez o por un procedimiento judicial de modificación de medidas.
• No incluye la liquidación de gananciales, porque al no haber matrimonio no existe sociedad de gananciales que repartir.
• Tampoco resuelve por sí solo la titularidad de bienes comunes, hipotecas o préstamos: eso va por la vía patrimonial que corresponda.

Modificación por cambio de circunstancias

El convenio no queda congelado para siempre. Si cambia de forma sustancial la situación —por ejemplo, un progenitor pierde el empleo, el menor necesita apoyos educativos, uno de los padres se traslada a otra ciudad o cambian los turnos de trabajo— se puede pedir una revisión.

Esa revisión puede hacerse de dos maneras: por un nuevo acuerdo entre los progenitores, que luego aprueba el juez, o mediante una demanda de modificación de medidas ante el juzgado que dictó la resolución anterior. No basta con un disgusto pasajero; tiene que haber un cambio real, estable y relevante.

Bienes comunes y extinción de condominio

Aquí está uno de los errores más frecuentes: al no haber matrimonio, no hay liquidación de gananciales. Si la pareja compró una casa entre los dos, cada uno tendrá la cuota que figure en la escritura o la que se pueda probar.

Para repartir esa vivienda o cualquier otro bien en proindiviso, la vía habitual es la extinción de condominio: uno se queda con el inmueble y compensa al otro, o se vende y se reparte el precio. Esto se tramita por la vía patrimonial y, si hace falta, ante notario y Registro de la Propiedad, no dentro del convenio sobre hijos.

Si separas bien los planos —hijos por un lado, bienes por otro— el acuerdo gana claridad y el conflicto baja bastante. Ese es, al final, el valor práctico de hacer las cosas bien desde el principio.