Arrendamientos

Ley de Arrendamientos Urbanos vigente en España: qué dice la LAU sobre alquileres, contratos y actualizaciones

noviembre 9, 2026 EspanaLegal 12 min read
Ley de Arrendamientos Urbanos vigente en España: qué dice la LAU sobre alquileres, contratos y actualizaciones

La ley arrendamientos urbanos vigente en España es la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos. Su texto consolidado en el BOE ayuda a leer la norma con las reformas incorporadas, pero tiene valor informativo: para usarla con seguridad jurídica hay que acudir a la publicación oficial. También puede consultarse la versión ELI de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, que facilita la lectura ordenada de la norma.

La LAU se publicó en el BOE núm. 282, de 25/11/1994, entró en vigor el 01/01/1995 y la última actualización publicada por el BOE figura el 25/05/2023. Si ves resúmenes privados que hablan de una supuesta versión 'actualizada 2026', manda el dato oficial del BOE, no el titular comercial.

En España, la LAU ordena el alquiler de viviendas y locales urbanos, pero no todo alquiler entra igual: el uso de la finca, la duración pactada y la protección legal cambian mucho entre una vivienda habitual en Sevilla, un local en Bilbao o una oficina en Valencia.

Qué arrendamientos regula la LAU y cuáles quedan fuera

  • El art. 1 fija el ámbito: la LAU se aplica a los arrendamientos de fincas urbanas que se destinen a vivienda o a usos distintos del de vivienda; quedan fuera, desde el arranque, los inmuebles rústicos.
  • El art. 2 separa la vivienda habitual del resto: si el contrato cubre la necesidad permanente de casa del arrendatario, estamos ante arrendamiento de vivienda.
  • El art. 3 mete en el saco del uso distinto del de vivienda los locales, oficinas, naves, despachos y alquileres con finalidad profesional, recreativa o estacional no residencial.
  • El art. 4 marca qué reglas son imperativas y cuándo cabe pacto: en vivienda hay menos margen para apartarse de la ley; en uso distinto hay más libertad contractual.
  • El art. 5 excluye los supuestos sometidos a normativa propia o especial, como ciertos alojamientos ligados a cargo o servicio, algunos usos militares o el alquiler turístico regulado por la normativa sectorial.

Arrendamiento de vivienda habitual

El art. 2 de la LAU no se fija en el nombre que ponga el contrato, sino en la finalidad real. Si el piso de Madrid, Zaragoza o Málaga se alquila para vivir de forma estable y permanente, la LAU lo trata como arrendamiento de vivienda. Eso implica una protección reforzada para el inquilino: duración mínima legal, prórrogas obligatorias y límites a muchas cláusulas que en un local sí podrían pactarse con más libertad.

No basta con que el contrato diga 'alquiler de vivienda'. Si en realidad se usa como alojamiento principal, la ley lo encaja ahí aunque el arrendador quiera llamarlo de otra manera. También importa que la vivienda esté destinada a satisfacer la necesidad de casa del arrendatario y de su familia, no solo una estancia temporal o profesional.

Arrendamiento para uso distinto del de vivienda

  • Local comercial en una calle de Granada, despacho profesional en Alicante o nave en Tarragona: entra aquí.
  • Oficinas, clínicas, academias o espacios para actividad económica también se encuadran en el art. 3.
  • Los alquileres de temporada con finalidad no residencial se tratan como uso distinto si no están dentro de una exclusión especial.
  • En estos contratos pesa más la libertad de pacto: horario, obras, gastos, actualización de renta y duración se negocian mucho más que en vivienda.

Arrendamientos excluidos de la LAU

  • Viviendas asignadas por razón del cargo o del servicio prestado, como determinados supuestos de porteros, guardas o empleados.
  • Algunos alojamientos sometidos a régimen administrativo propio, por ejemplo el alquiler turístico regulado por normas autonómicas o municipales.
  • Arrendamientos que ya tienen una normativa especial y desplazan a la LAU en aquello que esa ley específica regule.
  • Supuestos en los que no hay verdadera cesión arrendaticia, sino otra figura jurídica distinta, con reglas propias.

Cómo se fija la duración del contrato, las prórrogas y el desistimiento

  1. El art. 9 fija el plazo mínimo: en vivienda, el contrato no puede dejar al inquilino con menos protección de la que marca la ley, aunque el papel diga otra cosa.
  2. El art. 10 establece la prórroga obligatoria si nadie comunica en plazo que no quiere renovar.
  3. El art. 11 permite al arrendatario desistir antes del vencimiento si ya han pasado seis meses y respeta el preaviso legal.
  4. Los arts. 12 a 16 resuelven los cambios personales o patrimoniales: convivencia, matrimonio, divorcio, fallecimiento del arrendatario, venta del piso o pérdida del derecho del arrendador.

Plazo mínimo y prórrogas obligatorias

  1. Si el arrendador es persona física, la vivienda se prorroga hasta cinco años; si es persona jurídica, hasta siete años, salvo que el contrato entre en otra regla especial aplicable por fecha o régimen transitorio.
  2. Llegado ese límite, el contrato entra en prórroga anual hasta un máximo de tres años más si nadie avisa en tiempo.
  3. El aviso para no seguir debe hacerse dentro de los plazos y con la forma que marca la ley; no vale una llamada informal de última hora si luego hay conflicto.

Desistimiento, subrogación y efectos familiares

El arrendatario puede marcharse antes del final si han pasado seis meses y preavisa con 30 días. Si el contrato lo prevé, puede haber indemnización, pero solo en los términos legales: no es una multa libremente inventada por el casero.

Los arts. 12, 13, 14, 15 y 16 cubren los supuestos que más litigios generan en España: matrimonio o convivencia estable del arrendatario, resolución del derecho del arrendador, venta de la vivienda, separación o divorcio y fallecimiento. La idea de fondo es sencilla: la vivienda no se corta en seco por un cambio personal o por una transmisión patrimonial, pero tampoco queda congelada sin límites.

En vivienda habitual, la duración no depende solo de lo que firmen las partes: la LAU mete un suelo legal y protege la continuidad mientras no haya causa válida de salida.

Renta, actualización y límites en zonas de mercado residencial tensionado

Norma Qué regula Efecto práctico en España
art. 17 LAU Fijación inicial de la renta La renta se pacta libremente al firmar, salvo límites específicos en zonas tensionadas
art. 18 LAU Actualización anual La subida debe estar prevista y seguir el índice o sistema legal aplicable
art. 19 LAU Elevación por mejoras El arrendador puede repercutir parte de la mejora, si cumple la ley
art. 20 LAU Gastos generales y servicios Solo se trasladan al inquilino si se pacta por escrito y con desglose claro
disposición adicional undécima Índice de referencia La actualización de la renta de vivienda se vincula al índice oficial vigente
art. 17.6 y 17.7 LAU + Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda Nuevo contrato en zona tensionada La renta queda topada por la última renta válida y, en su caso, por el 10 % adicional justificado

Cómo se calcula la actualización anual de la renta

Imagina un alquiler en Murcia con renta inicial de 900 €/mes. Si el contrato prevé actualización anual y el índice aplicable para ese año es del 2,2 %, la nueva renta sería 900 x 1,022 = 919,80 €/mes. Si el índice fuese del 3 %, subiría a 927 €/mes.

La clave no es solo la cifra, sino la base jurídica: la actualización tiene que estar pactada y debe respetar el índice legal vigente. En vivienda, ya no vale subir porque sí ni trasladar automáticamente cualquier subida de costes al inquilino.

Qué pasa en un nuevo contrato en zona tensionada

  1. Primero hay que comprobar si la vivienda está en una zona de mercado residencial tensionado declarada conforme a la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda y a la información del Ministerio en el portal del SERPAVI.
  2. La renta del nuevo contrato no puede superar la última renta de un contrato de vivienda habitual sujeto a la LAU que hubiera estado vigente en los últimos cinco años en esa misma vivienda, una vez aplicada la actualización anual del contrato anterior.
  3. Tampoco pueden colarse nuevas cuotas o gastos que no estuvieran ya recogidos en el contrato anterior.
  4. Solo cabe superar ese límite, como máximo en un 10 %, si se acredita rehabilitación reciente, ahorro de energía primaria no renovable del 30 %, mejoras de accesibilidad o un contrato de diez años o más, o con prórroga voluntaria equivalente.
  5. Para orientarse con precios y referencias, el Ministerio remite también al Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler de Vivienda, que conviene revisar antes de firmar en Barcelona, Palma o Valencia.

Fianza, gastos, conservación, obras y derecho de adquisición preferente

  • La fianza del art. 36 es obligatoria: una mensualidad en vivienda y dos mensualidades en uso distinto del de vivienda.
  • El art. 37 permite exigir la formalización por escrito del contrato si una de las partes lo pide.
  • La disposición adicional tercera conecta la fianza con su depósito ante el organismo autonómico competente.
  • Los arts. 20 a 25 reparten quién paga gastos, qué obras puede hacer cada uno y cuándo nace el tanteo y el retracto.

Fianza y formalización del contrato

El art. 36 de la LAU obliga a entregar fianza desde el arranque. En vivienda, la regla general es una mensualidad de renta; en un local o despacho, dos. Esa fianza no se queda 'guardada en casa' del propietario: debe depositarse ante el organismo autonómico competente, que cambia según la comunidad autónoma. En Madrid, por ejemplo, la gestión pasa por el órgano de vivienda de la Comunidad; en Cataluña, por el organismo autonómico que corresponda.

El art. 37 añade una precaución muy útil en la práctica: cualquiera de las partes puede compeler a la otra a formalizar el arrendamiento por escrito. En un alquiler en España, escribir bien el contrato evita discusiones sobre renta, duración, reparto de gastos o obras.

Gastos, conservación, obras y tanteo/retracto

  • Los gastos generales y servicios individuales del art. 20 solo pueden cargarse al inquilino si se pacta expresamente y por escrito.
  • La conservación de la vivienda corresponde al arrendador: debe mantenerla en condiciones de habitabilidad y asumir las reparaciones necesarias.
  • Las obras de mejora del art. 22 permiten al propietario actuar, pero con notificación y con los límites legales para no perjudicar el uso pacífico del arrendatario.
  • El arrendatario no puede hacer obras del art. 23 sin autorización; si las hace sin permiso, se expone a resolución y a tener que reponer el estado original.
  • El art. 24 protege a los arrendatarios con discapacidad, porque permite ciertas adaptaciones para usar mejor la vivienda.
  • El art. 25 reconoce el derecho de adquisición preferente: tanteo y retracto, salvo los casos en que la propia LAU excluye ese derecho.

Cuándo termina el alquiler y qué pasa si alguien incumple

  1. Si la vivienda pierde habitabilidad por causas no imputables al arrendatario, el art. 26 permite reaccionar y no forzar una convivencia contractual imposible.
  2. Si hay impago, daños, subarriendo inconsentido o usos molestos, entran en juego los incumplimientos del art. 27.
  3. La resolución del art. 28 corta el contrato cuando el incumplimiento es relevante y se acredita.
  4. Para reclamar la posesión y las cantidades debidas, el arrendador suele ir al Juzgado de Primera Instancia del lugar donde esté la finca, dentro del procedimiento civil previsto en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
  5. El resultado habitual es un desahucio por impago o por expiración del plazo, con señalamiento de lanzamiento si no se paga, no se desalojan las llaves o no prospera la oposición.

Supuestos típicos de resolución y desahucio

  1. Impago de renta o de cantidades asimiladas, como suministros o cantidades pactadas y vencidas.
  2. Subarriendo o cesión sin consentimiento cuando la ley o el contrato lo prohíben.
  3. Daños graves, obras no consentidas o uso del inmueble para una finalidad distinta de la pactada.
  4. Actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas que rompen la convivencia y justifican la resolución.
  5. Tras la resolución, la reclamación de cantidades y la recuperación de la posesión se articulan por la vía judicial ordinaria en España, con demanda ante el Juzgado de Primera Instancia y tramitación civil.

Qué disposiciones transitorias y novedades vigentes debes vigilar

  • La disposición transitoria primera regula los contratos celebrados a partir del 9 de mayo de 1985 y cómo encajan con las reformas posteriores.
  • La disposición transitoria segunda y la tercera tratan los contratos de vivienda y de local de negocio anteriores al 9 de mayo de 1985, todavía con un régimen propio en muchos casos.
  • La disposición transitoria cuarta se ocupa de contratos asimilados celebrados antes de esa fecha.
  • La disposición transitoria quinta mantiene el régimen específico de las viviendas de protección oficial.
  • La disposición transitoria sexta habla de los procesos judiciales ya iniciados.
  • La disposición transitoria séptima conecta las medidas nuevas con las zonas tensionadas.
  • La disposición adicional undécima y la regulación del SERPAVI ordenan cómo se actualiza hoy la renta de vivienda.

Contratos anteriores y posteriores a las reformas

Los contratos antiguos no se pueden tratar como si fueran nuevos. Un arrendamiento firmado antes del 9 de mayo de 1985 puede seguir sometido a un régimen transitorio muy distinto del de un contrato firmado en 2024 en Sevilla, Gijón o Alicante. Lo mismo pasa con ciertos locales de negocio, con vivienda protegida y con procedimientos judiciales ya en marcha: la fecha del contrato y la norma aplicable importan mucho.

Para los contratos posteriores a las reformas, la foto es otra: más control sobre la actualización, más peso de la normativa sobre zonas tensionadas y una lectura más fina de lo que puede o no puede pactarse. Si el piso está dentro de una zona residencial tensionada, la cláusula de renta ya no se negocia como antes; entra el tope legal y la justificación de cualquier exceso.

La trampa habitual está en mezclar regímenes: un contrato viejo, uno nuevo y una zona tensionada no se analizan igual. La fecha, el uso y la comunidad autónoma mandan.

Fuentes

  1. AllianzLey de Arrendamientos Urbanos (LAU) en España | Blog Allianzconsultado el 18/08/2026
  2. SantaluciaCambios en la Ley de Arrendamientos Urbanos – Santaluciaconsultado el 18/08/2026
  3. IberleyArticulo 18 Ley de arrendamientos urbanos – Iberleyconsultado el 18/08/2026
  4. MivauPrincipales novedades – Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana |consultado el 18/08/2026
  5. ConceptosjuridicosLey de Arrendamientos Urbanos (LAU) – Conceptos Jurídicosconsultado el 18/08/2026