Pensión alimenticia en España: qué es, quién la paga y cómo se calcula

Qué es la pensión alimenticia y en qué se diferencia de la pensión compensatoria

La pensión alimenticia en España

En España, la pensión alimenticia es la prestación que cubre lo indispensable para vivir: sustento, habitación, vestido, asistencia médica y, en los menores, también educación. Encaja con el art. 142 del Código Civil y con la definición del Diccionario panhispánico del español jurídico, que la sitúa dentro de la obligación de alimentos entre parientes.

No hay que confundirla con la pensión compensatoria del art. 97 del Código Civil. La alimenticia mira a las necesidades de quien la recibe y a la capacidad de quien paga; la compensatoria busca corregir el desequilibrio económico que deja la ruptura en uno de los cónyuges. Pueden coexistir, pero no responden a la misma lógica.

Cuándo se cruzan ambas pensiones

A veces, tras un divorcio en España, un juzgado de familia fija pensión alimenticia para los hijos y, además, pensión compensatoria para uno de los cónyuges. La primera protege a los menores o al familiar con derecho a alimentos; la segunda compensa un desequilibrio propio de la separación. Son instituciones distintas y se analizan por separado.

Quién tiene derecho a pedirla y quién está obligado a pagarla

Hijos menores y mayores

• Los hijos menores de edad tienen derecho a alimentos siempre que exista necesidad y capacidad económica del progenitor obligado; en separaciones y divorcios, lo regula de forma expresa el art. 93 del Código Civil.
• Los hijos mayores de edad también pueden seguir recibiéndola si no son económicamente independientes y continúan en una situación real de dependencia, por ejemplo mientras terminan estudios o buscan su primer empleo con seriedad.
• Lo habitual es que la pida el progenitor con quien conviven los hijos, porque es quien soporta el gasto diario y quien suele comparecer en el procedimiento de familia ante el juzgado.
• El obligado principal es el otro progenitor, pero el juez puede tener en cuenta ingresos de ambos y la situación concreta de custodia, sobre todo si hay custodia compartida o ingresos muy desiguales.

Otros parientes obligados

• Entre parientes, la obligación de alimentos es recíproca y alcanza a cónyuges, ascendientes y descendientes, conforme al art. 143 del Código Civil.
• Si hay varias personas obligadas, el orden de reclamación se fija en el art. 144 del Código Civil: primero cónyuge, luego descendientes, después ascendientes y, por último, hermanos.
• En el caso de los hermanos, la ley limita el alcance: solo deben los auxilios indispensables para la vida, no una cobertura tan amplia como la de padres e hijos.
• En la práctica, estos supuestos aparecen menos que la pensión para hijos, pero existen en España y se reclaman cuando el pariente más cercano no puede asumir el gasto.

Qué cubre la pensión alimenticia y qué gastos quedan fuera

Gastos ordinarios y extraordinarios

La clave del art. 146 del Código Civil es que la cuantía cubra lo necesario, pero no todo gasto que aparezca. Además, el art. 149 del Código Civil permite cumplir la obligación en dinero o, en ciertos casos, asumiendo directamente algunos conceptos.

En la práctica, los gastos extraordinarios se dejan mejor cerrados en el convenio regulador o en la sentencia. Si no, cada padre interpreta una cosa distinta y el conflicto acaba en ejecución o en un nuevo incidente.

Cómo se calcula la cuantía en España

1. Primero se calcula el coste orientativo del menor con la herramienta de estimación de la pensión alimenticia del Consejo General del Poder Judicial, introduciendo comunidad autónoma, provincia, localidad del hogar custodio, número de hijos, tipo de custodia y año.
2. Después se suman los ingresos netos reales de ambos progenitores: nóminas, pensiones, prestación del SEPE, rendimientos de autónomo o alquileres, y se descuentan cargas relevantes que sean acreditables.
3. A continuación se reparte el coste en proporción a la capacidad económica de cada uno. Quien más ingresa, más aporta. Con custodia monoparental, lo normal es que el progenitor no custodio abone una pensión mensual; con custodia compartida, el juzgado puede fijarla si existe diferencia importante de ingresos.
4. Por último, se ajusta la cifra a la realidad del caso: número de hijos, residencia en España, vivienda, gastos estables y necesidades especiales. La cuantía queda finalmente en sentencia o en convenio regulador homologado.

Qué factores pesan en el cálculo

Pesa mucho la proporcionalidad. El juzgado no mira solo cuánto gana cada uno, sino también qué cargas tiene: alquiler o hipoteca, otros hijos, discapacidad, deudas inevitables o periodos de desempleo acreditado. No cuesta lo mismo criar a un menor en Sevilla que en Madrid o en Bilbao, porque el gasto de vivienda y de vida cambia bastante.

También influye el tipo de custodia. En custodia monoparental, el progenitor conviviente ya aporta una parte importante en especie: tiempo, casa, comida del día a día, ropa y organización. En custodia compartida, si los sueldos son parecidos y los gastos están repartidos, puede no fijarse pensión; si uno gana bastante más, sí puede fijarse para equilibrar el coste de los hijos.

La tabla del CGPJ orienta, pero el juez ajusta la cifra si los ingresos, las cargas o las necesidades reales lo piden.

Ejemplo con cifras de una pensión alimenticia

Ana, despedida en Sevilla tras 4 años cobrando 1.500 €/mes, pasa a cobrar una prestación de 1.100 €. El otro progenitor trabaja en Córdoba y cobra 2.300 € netos al mes. Tienen un hijo de 9 años con custodia monoparental materna. Con los datos de Andalucía y un coste orientativo mensual de 520 €, el reparto por capacidad económica puede dejar la pensión en torno a 350 € al mes a cargo del padre.

Si además el menor necesita una ortodoncia de 1.200 €, el gasto extraordinario puede pactarse al 50 %: 600 € cada progenitor. Así se ve la diferencia entre la cuota ordinaria, que cubre el día a día, y el extraordinario, que se liquida aparte.

Cómo se fija, se actualiza y se modifica

Lo normal es que la cuantía quede cerrada en el convenio regulador del art. 90 del Código Civil o en sentencia. A partir de ahí, solo se toca si cambia algo relevante o si la propia resolución prevé una actualización.

1. La pensión se fija en el convenio regulador o en la sentencia de separación, divorcio o medidas paterno-filiales. Ahí se deja escrita la cuantía, quién paga los extraordinarios y el sistema de revisión.
2. Si se pactó revisión, la subida suele ligarse al IPC u otro índice previsto en la resolución. Sin esa cláusula, no hay subida automática por costumbre: hace falta acuerdo o resolución judicial.
3. Si cambian de verdad las circunstancias, se pide modificación de medidas ante el mismo juzgado conforme al art. 775 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Sirve para subir, bajar o extinguir la pensión si hay una alteración sustancial y estable.
4. Conviene llevar pruebas recientes: nóminas, declaración de la renta, vida laboral, certificado del SEPE, recibos y, si procede, gastos del menor. Sin prueba sólida, el juzgado no suele mover una cuantía ya fijada.

Qué hacer si no se paga la pensión alimenticia

Cuando no se paga, no conviene dejar pasar meses. En España puedes reclamar atrasos por la vía civil y pedir la ejecución ante el mismo juzgado de Familia o de Primera Instancia que aprobó las medidas, con apoyo en el art. 776 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Si el impago es grave y persistente, puede entrar la vía penal del art. 227 del Código Penal.

Ventajas de reclamar pronto

• Permite reclamar las mensualidades vencidas antes de que la deuda crezca y sea más difícil de cobrar.
• Facilita pedir embargo de nómina, cuentas o devoluciones tributarias si el deudor tiene bienes o ingresos localizables en España.
• La ejecución civil suele ser más rápida y más eficaz que esperar a que el problema se arregle solo.
• Si el impago es reiterado, la presión de una posible denuncia puede desbloquear pagos atrasados o un acuerdo serio.

Inconvenientes y límites

• Si el obligado no tiene bienes, trabaja en negro o cambia de empleo con frecuencia, el cobro puede alargarse.
• La vía penal no se abre por un retraso aislado: el Código Penal exige dos meses consecutivos o cuatro no consecutivos de impago.
• Un impago que nace de una cuantía claramente desajustada no se corrige ignorándola; se corrige pidiendo modificación de medidas ante el juzgado.
• El proceso puede generar más tensión familiar, así que conviene valorar si interesa primero una reclamación civil bien armada y luego, si hace falta, la penal.

Casos especiales: custodia compartida, hijos mayores y gastos extraordinarios

Custodia compartida y pensión

• La custodia compartida no elimina automáticamente la pensión alimenticia. Si ambos progenitores tienen ingresos parecidos y asumen gastos similares, puede no fijarse; si existe una diferencia notable, el juzgado puede mantenerla para equilibrar el cuidado diario.
• En algunas sentencias españolas, aunque haya reparto del tiempo, uno de los progenitores sigue pagando porque su salario es bastante superior o porque soporta menos gastos directos del menor.
• Lo importante no es la etiqueta de la custodia, sino si el menor queda realmente cubierto en ambos hogares.

Hijos mayores y extinción

• La pensión puede mantenerse para hijos mayores de edad si siguen sin independencia económica y su situación de formación o búsqueda real de empleo lo justifica, en línea con el art. 93 del Código Civil.
• Si el hijo ya trabaja, tiene ingresos estables o ha alcanzado autonomía real, puede pedirse la extinción o la reducción por la vía del art. 152 del Código Civil.
• Si hay discapacidad o dependencia prolongada, la necesidad puede durar más allá de la mayoría de edad, y el juzgado mira el caso con mucha atención.

Gastos extraordinarios

• La ortodoncia, las gafas, el psicólogo, una intervención médica o una actividad no prevista suelen ir fuera de la pensión mensual y se liquidan aparte.
• Lo prudente es dejar escrito si esos gastos requieren consentimiento previo o si pueden abonarse y después justificarse.
• En custodia compartida, es muy común repartirlos al 50 %, pero el reparto puede variar si los ingresos son muy distintos.
• Si el convenio no los define bien, cada extraordinario acaba generando discusión, y el problema vuelve al juzgado.

Cambios que pueden llevar a revisión

• Un paro prolongado y acreditado del obligado puede justificar una rebaja.
• Una subida fuerte de ingresos del obligado o una mejora de la economía del menor puede justificar una revisión al alza o a la baja.
• Un cambio de residencia, una nueva custodia o una emancipación real también pueden abrir la puerta a modificar o extinguir la pensión.
• La clave es que el cambio sea serio, estable y demostrable, no una mera oscilación pasajera.